Resumen
La presente investigación analiza un aspecto polémico de la potestad sancionadora de la Administración, a saber, la imposibilidad práctica de perseguir todas las infracciones cometidas y la necesidad de buscar soluciones jurídicas que se hagan cargo tanto de dicha realidad como de la razonabilidad de los actos administrativos. Se propone analizar la problemática y la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad en procesos administrativos sancionadores e indagar en los alcances del principio de legalidad considerando el principio de razonabilidad de los actos administrativos. A raíz de lo anterior se procede a analizar la aplicación del principio de oportunidad tanto en áreas en que literalmente se deja espacio a la discrecionalidad administrativa en cuanto al ejercicio de la potestad como en aquellas áreas en donde su ejercicio pareciera estar más reglado, verificando el cumplimiento de la finalidad pública que la ley ordena proteger.Referencias
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