Abstract
The purpose of this work is to analyze the environmental sanctioning procedure and its judicial control from the perspective of the procedural guarantees of those subject to the Superintendence of the Environment’s sanctioning powers. The following question is analyzed: Do the environmental sanction procedure and its judicial control provide enough elements to protect due process? Although the environmental sanctioning administrative procedure and its judicial control have incorporated relevant advances regarding the protection of a due process, they are still insufficient to guarantee the constitutional right of due process—deficiencies aggravated by the magnitude of the sanctions in the environmental regulation.References
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