Abstract
The Social State established in the Spanish Constitution of 1978 contains many constitutional principles that develops the relations between the two principal territorial units: the central State and the Autonomous Communities. Its purpose is none other than to achieve the legal homogeneity of the citizens in the different territories that makes up the nation. From this point onwards, the Autonomous Communities become the territorial units of reference in the materialization of the Spanish Social State, doctrinally known as an autonomous Social State. The gordian knot of this model is the legal redefinition of the “statutory social rights” made in the second generation of Statutes of Autonomy, as well as the jurisprudence of the Constitutional Court regarding their material content and limits. The jurisprudential devaluation of the legal nature and jurisdictional effectiveness of statutory rights is incompatible with the transcendence of the Statutes of Autonomy within the framework of the “constitutional bloc” and the Autonomous Communities as territorial units of reference in the consolidation of the Spanish Social State.
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