Abstract
This article makes a historical, doctrinal and jurisprudential analysis of a longstanding procedural institution, called the consultation, which was created as a procedural privilege only in favor of the Treasury, taken in its role as litigant in trial. A special reference is made to its origin in our country, which included some characteristics of the inquisitorial procedures that existed in Europe and fundamentally in Spain, which contained mechanisms for safeguarding the fiscal interest and the public treasury, as well as control of the courts of first instance. However, with the passage of time, this institution has been criticized, questioning its role in safeguarding the position of the Treasury as a litigant with more prerogatives, and to the detriment of individuals, which -today- is considered an attack on the principle of procedural equality that must exist between the parties.
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