Abstract
This paper analyzes the relationship between the allegation of environmental damage and the admissibility of Compliance Programs within the Chilean environmental enforcement system. Based on an examination of the Organic Law of Environmental Superintendence and its implementing Regulation, it is argued that the possible existence of environmental damage does not constitute ground for rejecting this instrument. The study shows that Compliance Programs respond to an incentive-based regulatory logic aimed at promoting the early correction of regulatory breaches and the adoption of effective actions to address their effects. In this context, excluding their application when environmental damage is alleged not only lacks explicit legal support but also weakens the incentive structure of the system by discouraging cooperative behavior oriented toward the remediation or mitigation of environmental impacts. Furthermore, the paper highlights how the administrative procedure provides an appropriate forum for reaching a well-founded decision. On this basis, it proposes a systematic and purposive interpretation of the applicable legal framework that recognizes the compatibility between Compliance Programs and Environmental Remediation Programs.
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