Resumen
La reciente situación de crisis sanitaria ha vuelto a poner sobre la palestra la relevancia que la investigación biomédica tiene, no solo para el mundo científico, sino para la sociedad en general. Comprender cabalmente los criterios que rigen el ejercicio de esta disciplina —especialmente en su dimensión ética y jurídica— puede contribuir al creciente desarrollo de este tipo de investigación. El presente artículo se propone ofrecer una aproximación al marco jurídico vigente en relación con aquellas disposiciones que regulan la participación de personas que no pueden manifestar su consentimiento, entre las cuales se cuentan principalmente aquellas que padecen discapacidades psíquicas e intelectuales. En este sentido, se busca ofrecer una interpretación armónica de los preceptos normativos que establecen criterios para la investigación en este grupo de población, en concreto de lo preceptuado por el artículo 28 de la ley 20.584, atendido que una exégesis literal de la norma podría conllevar la exclusión absoluta de personas adultas sin capacidad para consentir, que se encuentren cursando un cuadro de salud agudo y reversible.Referencias
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