La comunicabilidad en el delito económico: la intervención del extraneus y la tercera categoría de la ley 21.595

Resumen

El trabajo examina la situación del extraneus en el derecho penal económico chileno tras la ley 21.595. Sostiene que las cláusulas de intervención de esa ley -en particular la de su artículo 3, que califica como económicos ciertos delitos funcionarios “siempre que en la perpetración del hecho hubiere intervenido, en alguna de las formas previstas en los artículos 15 o 16 del Código Penal, alguien en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa”- son normas de selección de régimen sancionatorio que presuponen, sin resolverla, la cuestión sustantiva de la comunicabilidad. Esa cuestión permanece tan discutida como en su terreno “clásico”, los delitos contra la función pública. El trabajo documenta que en la doctrina ya se ha insinuado la lectura del artículo 8 de la ley como toma de partido por la indivisibilidad del título de imputación, y muestra por qué esa lectura extensiva confunde dos comunicabilidades distintas, la del régimen y la del título. La calificación económica del hecho del interviniente no cualificado depende de la solución que se adopte sobre su título de responsabilidad, y no puede sustituirla. Se concluye proponiendo mantener para el problema la solución de lege ferenda, esto es, una regla general de atenuación para el partícipe no cualificado.