Análisis crítico de los mecanismos de designación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial en España

Resumen

Conferir legitimidad democrática indirecta a unos órganos que, como es el caso del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial se definen como contramayoritarios, se afirma como pretensión principal de la normativa que los regula. Movido por tal objetivo, el marco regulador relativo a la designación parlamentaria de los referidos órganos de relevancia constitucional gira en torno a tres elementos fundamentales: por una parte, recabar el apoyo cualificado de los grupos políticos con representación en las asambleas legislativas. Por otra, seleccionar a los candidatos con una mejor cualificación técnica y una más destacada trayectoria profesional. Asimismo, como tercer eje articulador, la duración de los mandatos se desvincula del de la legislatura parlamentaria, superándola en extensión. De este modo, el período de mandato queda al margen de los ciclos electorales. El estudio del caso español arroja un diagnóstico problemático, puesto que la aplicación de las previsiones jurídicas establecidas no se ajusta a sus pautas inspiradoras. La realidad es que, sobre todo en la fase temporal más reciente, se ha instalado un contexto de índole patológica, en el que las disposiciones vigentes experimentan una profunda adulteración de su sentido. La prevalencia de un sistema partidista de cuotas en la designación de los candidatos llamados a ocupar los cargos en liza, aceptados recíprocamente por los actores políticos responsables, limita sustancialmente los efectos de la intervención parlamentaria en los procesos selectivos. De hecho, esta queda relegada a un terreno esencialmente formal, configurándose como un mero trámite. En una línea similar de alteración de su finalidad constitucional, la duración de los mandatos no se cumple, sin que se produzca la renovación en el tiempo establecido, lo que trae consigo un escenario recurrente de prórrogas generalizadas. Ante tal estado de cosas, se impone una seria reflexión que ayude a recuperar la voluntad rectora de las normas constitucionales. Invertir los términos de la arraigada patología que caracteriza el sistema español en el terreno estudiado, sin embargo, exigiría la transformación radical del modus operandi asumido por los partidos políticos. Conscientes de la dificultad de la tarea propuesta y tomando como referente los reglamentos parlamentarios, formulamos una serie de propuestas de reforma cuya puesta en marcha contribuiría a reconducir el negativo panorama institucional concurrente.