Resumen
El presente trabajo comenta la sentencia de la Corte Suprema “Leal Condeza con Junta Nacional de Jardines Infantiles”, de 2 de marzo de 2020, y discurre acerca de la necesidad de que la Administración se sujete a criterios de proporcionalidad en la determinación concreta de la sanción disciplinaria que se debe aplicar frente a una infracción calificable como una transgresión grave al principio de probidad administrativa. Lo anterior, en oposición a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República para la que tales infracciones forzosamente deben ser sancionadas con destitución, al estimar que reconocer circunstancias atenuantes que permitan la eventual aplicación de una sanción disciplinaria menos gravosa en favor del funcionario involucrado, resulta inadmisible.Referencias
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